Foro Nueva Economía
Madrid, 13 de octubre de 2010

Cuando hace cuatro años asumí el cargo de President de la Generalitat de Catalunya, entendí que una de mis obligaciones ineludibles era reconstruir viejos puentes y construir
otros nuevos.
De identificar el interés común… de imaginar un futuro compartido… aportando elementos
de reflexión y propuestas a los grandes retos que tiene planteados la España de hoy. Tenía esta convicción, consciente del deterioro de la relación entre Catalunya y España, que se había producido durante el proceso de tramitación y aprobación del nuevo Estatuto de Catalunya.
Un deterioro en buena medida provocado desde un sector de la política española y,
desgraciadamente, desde determinados medios de comunicación que insinuaban intenciones ocultas tras el democrático proceso que se estaba desarrollando en el
Parlamento catalán.
También hubo –hay que reconocerlo sin reparos- torpezas cometidas desde la propia
Catalunya. Para convencer a sus bases, determinadas fuerzas catalanas –y no me estoy refiriendo sólo a los independentistas-, pusieron en boca del Estatuto cambios institucionales que nunca estuvieron sustentados por el papel.

Y la derecha española vio en aquellos excesos verbales la ocasión de oro para,
multiplicándolos hasta el infinito, convencer a gran parte de la opinión pública de que
España se iba a romper de un momento a otro. El Partido Popular usó toda su artillería para azuzar el anticatalanismo y crispar el ambiente político y social hasta casi el límite.
A lo largo de estos años creo haber mantenido en mis intervenciones una posición
coherente y constructiva, ante un problema institucional y político que, desgraciadamente, se ha ido agrandando y agravando ante los ojos de todos nosotros.
Me refiero, obviamente, a la penosa travesía del Estatuto de Catalunya por los vericuetos del Tribunal Constitucional y sus circunstancias. La del tribunal y las del Estatuto.
Advertí en reiteradas ocasiones del impacto negativo que podría producir en la sociedad
catalana, una sentencia restrictiva de un TC en situación institucionalmente precaria y
políticamente dudosa.

Su clamorosa falta de renovación y las continuas informaciones y filtraciones de cariz
político y partidario, que emanaban de las paredes del Alto Tribunal, tenían en jaque su
credibilidad, y seguirán teniéndola hasta que se lleve a cabo su renovación.
Quise llamar la atención sobre el conflicto de legitimidades que se avecinaba; sobre las
consecuencias políticas y sobre el riesgo de desafección que estaba aflorando en la
sociedad catalana, ante la falta de respeto hacia nuestra singularidad, y nuestra voluntad de autogobierno. Una desafección que la sentencia sólo podía aumentar.
Manifesté, una y otra vez, mi firme voluntad de evitar que los separadores de aquí y los
separatistas de allá impusieran visiones extremas y deformadas de la realidad, y
comprometieran, gravemente, las posibilidades de diálogo y de pacto político.

Mi propósito era, y es, y será trabajar para ampliar el terreno compartido entre los que no somos ni separadores ni separatistas. Y que ocupamos un espacio que creo mayoritario, tanto en la sociedad catalana como en la española en su conjunto.
Para reconstruir los puentes de diálogo, para restablecer la confianza mutua, para
imponerse a los partidarios del ruido y de la furia, propongo un discurso y un proyecto
constructivo, sereno, sensato y a la vez exigente.

Un discurso que, en estos momentos, en Catalunya, solamente defendemos los socialistas del PSC, cuya candidatura voy a encabezar. Así como un número considerable de ciudadanos (a mi entender la mayoría) que no quieren que las relaciones entre Catalunya y el resto de España, sigan basándose en el conflicto permanente, en el recelo y en el resentimiento. Este espíritu es el que refleja, creo yo, el documento del Círculo de Economía hecho público la semana pasada. Su reflexión coincide en gran medida con mis reiteradas advertencias sobre la deriva de España y sobre las consecuencias que podría tener la persistencia de un difícil acomodo de Catalunya en ella.
Celebro y suscribo la declaración del Círculo, que una vez más, se expresa en unos
términos constructivos similares a los que, en tantas ocasiones, utilizó su principal impulsor, Jaume Vicens Vives, un gran defensor de los puentes de diálogo, construidos desde el respeto y el reconocimiento mutuos.
Aunque de forma algo sorprendente por el momento, la reflexión del Círculo afirma lo que es necesario hoy y los próximos tiempos: concentrarse en la lucha contra la crisis, y reforzar el pacto constitucional entre Catalunya y España.

El líder de CiU ha dicho ahora que le parecían bien la música y la letra del documento del
Círculo de Economía. Aunque días atrás también le pareció bien que su número dos, Felip Puig, dijera que la alternativa a escoger estaba entre independencia o decadencia.
Parece que su excitación preelectoral le empuja a querer estar en misa y repicando. En fin…
Los socialistas catalanes hemos asumido, históricamente, esta vocación de puente, de
instrumento de entendimiento y de concordia entre una Catalunya que gobernamos y
aspiramos a seguir gobernando y una España con la que queremos compartir
gobernabilidad, proyecto plural y política social. No es otra cosa nuestra profunda convicción catalanista y federalista que pretende conjugar unión y libertad. Pero para tender puentes, las dos orillas deben estar dispuestas a sustentar, a edificar, uno de sus pilares.
Este empeño es visto como inútil por una parte desencantada y desesperanzada de la
política y de la sociedad catalana, que ha llegado a la convicción de que ya no merece la
pena el esfuerzo del diálogo y el entendimiento. Simétricamente, es recibido con hostilidad o con cansancio y pasividad por una parte de la política española y con indiferencia por la mayoría, en el convencimiento de que se trata de un planteamiento que sólo interesa a los catalanes.

Y sin embargo el problema institucional que plantea la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Catalunya, solamente se resuelve con voluntad y con un intenso esfuerzo por ambas partes. Voluntad de mantener el acuerdo logrado mediante el pacto, entre una representación de los parlamentos catalán y español, que elaboraron el texto tal como prevé nuestro ordenamiento jurídico. Y esfuerzo intenso de reconocimiento, de expresiones de respeto mutuo y de diálogo para afrontar los temas pendientes. En Catalunya, insisto, dicha voluntad es la que encarnamos los socialistas, que no compartimos ni las legítimas aspiraciones independentistas, ni la reivindicación del concierto económico por parte de CiU. En el trasfondo de la situación provocada por la sentencia del Estatut pervive un problema secular de entendimiento o encaje de Catalunya en España.

Y la sentencia quizás ha puesto en evidencia también que la política (parte de la política, por lo menos) se había movido con mayor agilidad que una parte de las instituciones del Estado para hallar una solución aceptable.
En todo caso pienso seguir firme tanto en la afirmación de nuestra voluntad de resolverlo, como en mi combate y denuncia de la falsas promesas y piruetas de sí-pero-no, basadas en el cálculo del chantaje para sumar una u otra mayoría en el Parlamento.
No es eso lo que necesita Catalunya ni lo que creo que quiere España. Y de igual modo: la persistencia ciega en negar la realidad nacional de Catalunya, no es lo que necesita España ni lo que está dispuesta a admitir la sociedad Catalana. Lo dejo aquí, de momento, porque hoy quisiera centrar más mi intervención en las aspiraciones y problemas más inmediatos y acuciantes de Catalunya y España.

El problema de la relación entre Catalunya y España es un problema secular; y el problema de la crisis económica es un problema inmediato, más de la coyuntura de estos últimos meses.
El primero seguirá ahí. No lo orillamos, pero su gestión requiere tiempo y sosiego. El
segundo nos exige actuar, con toda nuestra inteligencia y con todas nuestras fuerzas.
Las elecciones al Parlament de Catalunya, convocadas para el próximo 28 de noviembre, se dirimen en torno a estos dos grandes problemas. Creo haber dejado clara mi posición de fondo sobre el primero.
Y mucho me temo que la falta de claridad –y si me permiten, de responsabilidad- sobre cual es su propuesta de futuro para el autogobierno de Catalunya, sea lo que distinga el
planteamiento de mi más directo rival.

Como muchos de ustedes pudieron comprobar hace unos días, creo que en este mismo
foro, para el candidato de CiU, el diálogo ha desaparecido para dar paso a la pura
negociación, cuando no la perspectiva o velada amenaza de futuros chantajes. Como dice Josep Ramoneda, el diálogo exige el pleno reconocimiento del otro (es lo que propongo para la relación Catalunya-España), mientras que la negociación precisa,
simplemente, el reconocimiento de una realidad.

El resultado del diálogo permite la aportación solidaria. El de la negociación remite a una
cuenta de resultados. Pero atención, diálogo no significa ni claudicación ni postergación, ni renuncia a realidades o intereses.

Se equivocan quienes consideren que nuestra oferta de diálogo es menos exigente. Todo lo contrario. Queremos el diálogo porque estamos convencidos que es posible un acuerdo ganar-ganar mutuo, que fortalezca Catalunya y España.
Artur Mas está diciendo, en Catalunya, que ha empezado el Adiós a España. Que vamos a una separación segura e inevitable de la que ya solamente cabría negociar plazos y
cantidades. Nada de diálogo. Nada de reconocimiento mutuo. Puro interés entre extraños
que se sientan a negociar. Liquidemos y adiós.
A la vista de ello reclamo, ante todo, claridad y responsabilidad. Por parte de unos y de
otros. Claridad y responsabilidad que son necesarias también:

• Para acertar en la superación de la crisis.
• Para hacer explícitos y comprensibles, y para asumir los duros sacrificios que nos impone la disciplina fiscal necesaria para recuperar la confianza en nuestra economía.
• Para impulsar las reformas estructurales imprescindibles para asegurar nuestro futuro económico y social.
• Para trazar un horizonte atrayente que podamos compartir todos los pueblos de España.

Creo poder exigir esta claridad y esta responsabilidad porque me avalan las actitudes y la
obra de mi Gobierno en los cuatro años de legislatura que acaba de terminar. Especialmente durante los dos largos años de crisis. Soy consciente de lo difícil que resulta luchar contra los estereotipos mediáticos, capaces de sentenciar con una imagen o con un concepto mil veces repetido, el trabajo tenaz y la obra realizada por un gobierno, su administración y miles y miles de servidores públicos. Son las servidumbres de los tiempos que vivimos.

No me lamento de ello. Lo describo. Y me siento legitimado e incluso obligado a explicar,
más allá de los tópicos, la obra de gobierno llevada a cabo. Creo conveniente, además, rebatir la versión de quienes maliciosamente quieren desprestigiar y disminuir el autogobierno con la cantinela que atribuye a los que tenemos responsabilidad en los gobiernos autónomos, la frivolidad y el olvido de los problemas reales y cotidianos de los ciudadanos. Porque eso no es verdad.

Cuando lo que legitima de verdad al autogobierno es precisamente su ejercicio responsable a través de las políticas y de los servicios públicos que atienden las necesidades básicas de los ciudadanos: la educación, la sanidad, los servicios sociales, la seguridad…

Precisamente por eso me ha sorprendido que una respetadísima autoridad económica como el Gobernador del Banco de España se haya referido tan críticamente a las comunidades autónomas, como si fueran un “fastidio para todos”! Me apresuro a decir que me une con Miguel Ángel Fernández Ordóñez una relación que fue intensa en mi etapa de ministro y que, por mi parte, se basa en una gran admiración profesional y un profundo respeto personal.

Por eso me atrevo a suponer que, lo que el gobernador quiso decir, es que todas las
administraciones deberían –y deberán- apretarse el cinturón para reducir el déficit público. No lo dijo, pero si es lo que quería decir, yo estoy absolutamente de acuerdo.
Más aún: si quería decir que el riesgo de que la administración central afloje el cinturón es menor que el riesgo de que lo hagan otras administraciones, porqué aquella está “bajo la estrecha vigilancia” de los mercados y los organismos internacionales, también podría estar de acuerdo con él. Aunque no se bien si tampoco fue eso lo que dijo.

En cambio, si lo que quería decir es que las “administraciones territoriales” actúan, en
general, de modo irresponsable, que son derrochadoras, entonces no estoy ni puedo estar de acuerdo con él. De ningún modo. A lo mejor tenía en mente alguna Comunidad concreta. Pero entonces debería ser más explícito y atreverse a señalarla directamente, actuando con el rigor y prudencia que le caracteriza.

Y espero que lo que no quería era apuntarse a la moda de culpar de todos los males de
España al modelo político descentralizado, que nuestra Constitución lleva impreso en su
ADN. De esto estoy absolutamente convencido.

En cualquier caso, creo que antes de según qué comentarios habría que analizar con rigor qué tipo de competencias ejercen las comunidades autónomas y a quien corresponde la responsabilidad de su financiación. Cómo se actualizan costes y cálculos de los mismos. Las comunidades autónomas son responsables de gestionar los principales servicios de nuestro Estado del Bienestar (exceptuando pensiones y seguro de desempleo). Unos servicios especialmente tensionados por la última oleada migratoria llegada a nuestro país. También por la crisis. Y de cuyo correcto funcionamiento depende en buena medida el mantenimiento de la cohesión y de la paz social.

Hay varias maneras de reducir el déficit público; y –si no es pedir demasiado- antes de
buscar culpables no estaría mal elegir las formas más adecuadas de reducción, procurando dejar a un lado prejuicios interesados. Hecha esta puntualización, retomo el hilo de mi intervención. Les decía que creo un deber democrático explicar la obra de gobierno llevada a cabo estos cuatro años. Lo haré brevemente aquí, refiriéndome a cómo hemos intentado avanzar hacia una economía de más valor añadido, cómo hemos intentado fortalecer el estado del bienestar y cómo hemos intentado ordenar y equilibrar el territorio.

Pero ante todo quiero afirmar que la sociedad catalana, que ha padecido y padece la crisis como todos nuestros vecinos, ha sido sometida, además, a un choque poblacional de enorme magnitud, y no hubiera mantenido el grado de cohesión social y de calidad de los servicios públicos, de qué dispone, sin la acción tenaz y decidida del gobierno.
Ni se hubieran evitado conflictos sociales como los que se producen en países de nuestro
entorno. Dicho entre paréntesis: Como es obvio (aunque no todo el mundo parece recordar) no todas las comunidades autónomas han vivido el mismo choque poblacional los últimos diez o quince años. Por poner solo unos ejemplos, entre 2000 y 2009 Andalucía creció, en números redondos, 1 millón de habitantes; Catalunya algo más de 1,3 millones; Aragón 140.000; Castilla-León 75.000 y Asturias 1.000 habitantes.
Decía que nuestra obra de gobierno es una obra programada y ejecutada teniendo en
cuenta al conjunto de la sociedad catalana, con independencia de consideraciones
sesgadas o partidarias.

¿Cómo hemos avanzado hacia una economía de alto valor añadido?

• Dando continuidad al Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad de
la ocupación y la competitividad de la economía catalana, que recoge las
orientaciones estratégicas debatidas y concertadas con los agentes económicos y
sociales lo largo de todo este periodo.

• Convirtiendo la I+D+i en una prioridad, blindada política y socialmente con el Pacto
Nacional para la Investigación y la Innovación. Hoy Catalunya cuenta ya con 50.000
investigadores, un 40% más que en el año 2003. Además, ha aumentado de modo
extraordinario el número de centros de excelencia en los campos de la investigación
biomédica, agroalimentaria, supercomputación, física o automoción y otros.

• Se ha ido instalando en la sociedad catalana la convicción de que la educación es la
clave de progreso. Hemos llevado a cabo una reforma de gran calado, cuyo punto de
partida es una Ley de Educación, que dota a los centros docentes de la capacidad
de acción y autonomía que les permita mejorar la calidad y los resultados educativos.
Es una Ley aprobada con el voto de Convergencia i Unió. La primera Ley de
Educación de Catalunya en 30 años. Y ha sido mi gobierno quien la ha propuesto e
impulsado.

• Y, finalmente, se han planificado y construido las infraestructuras necesarias –
algunas de ellas, muy importantes, a cargo de la Administración central- para
conseguir que Catalunya llegue a ser la puerta logística del sur de Europa. Con la
apuesta estratégica del corredor ferroviario del Mediterráneo. Padecíamos (y
padecemos) un atraso histórico en infraestructuras que se ha empezado a revertir
gracias al acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat para la aplicación de la
Disposición Adicional 3ª del Estatuto.

Investigación, educación, fomento de los emprendedores: tres ejemplos de muestra
orientación estratégica que trascienden el marco de una legislatura y deben constituirse en objetivos permanentes de la sociedad catalana.

Pero como estamos entrando en un período electoral estoy obligado a decirles qué
propongo a los catalanes para continuar con este esfuerzo hacia una economía de más
valor añadido.

• Propongo un apoyo decidido a los sectores industriales más característicos de la economía catalana, para que sigan ejerciendo su papel motor de la economía española. Por poner un ejemplo: conseguir que Barcelona sea la primera gran ciudad de Europa plenamente adaptada al coche eléctrico.
• Propongo impulsar los sectores económicos incipientes y de alto potencial en la creación de puestos trabajo, con programas de ayuda específicos para empresas de los ámbitos de la cultura y del audiovisual, de la agroindustria, de las nuevas energías, de las tecnologías de la información y la comunicación.
• Propongo la promoción de la eficiencia energética, con un programa de renovación de toda la cadena de la energía desde la producción al consumo.
• Propongo la configuración de un sistema de educación superior del máximo nivel, fijando objetivos de excelencia e instrumentos comunes a todas las universidades catalanas.
• Propongo la profundización de mecanismos de colaboración y cogestión públicoprivados, con tanta raigambre en Catalunya.
• Propongo la reforma de una administración pública con una estructura y unos procedimientos aún demasiado complejos y costosos. Aunque como todos Vds. saben (y algunos quizás prefieren ignorar) Catalunya es la Comunidad Autónoma con un porcentaje menor de funcionarios por cada cien habitantes). Les decía que también hemos actuado para fortalecer una sociedad del bienestar que garantice los derechos sociales de la ciudadanía.
• Para garantizar el derecho a la educación, hemos invertido como nunca en la educación pública, absorbiendo un fuerte crecimiento del alumnado, con un alto porcentaje proveniente de la inmigración. Lo he dicho en otras ocasiones, hemos contratado una media de 5 nuevos maestros cada día de la legislatura.
• Para avanzar en la conciliación de la vida laboral y familiar, hemos creado decenas de miles de plazas de escuelas infantiles.
• Para garantizar el derecho a la salud, hemos conseguido que el 97 % de la población tenga un centro de salud a menos de 10 minutos. Para ello, hemos construido un centro de salud cada dos semanas y contratado 2 médicos diarios de media.
• Para garantizar el derecho a los servicios sociales, hemos aprobado una pionera Ley de Servicios Sociales y desarrollado y aplicado la Ley de la dependencia. Y asimismo, hemos complementado les rentas de las personas mayores más vulnerables económicamente.
• Para garantizar el derecho a la seguridad hemos completado con éxito el despliegue de la policía autonómica por todo el territorio.
• Para garantizar la cohesión social en los barrios hemos aplicado sistemáticamente la innovadora Ley de Barrios. Una herramienta de intervención urbana y social que ha permitido, hasta hoy, reformas en profundidad en más de cien barrios y municipios de Catalunya que padecían un alto grado de deterioro urbanístico y en algunos casos, social.

En definitiva, hemos hecho de la acción pública la garantía efectiva de los derechos de las personas, incidiendo positivamente en la mejora de sus oportunidades vitales y
profesionales y en el fortalecimiento de la cohesión social y territorial. ¿Y cuál es mi ambición para proseguir este impulso social los próximos años?

Primero: conseguir evitar que se perpetúe la insostenible tasa de paro juvenil. Evitar
a toda costa la exclusión social de unos jóvenes sin formación y sin trabajo, para lo
cual presentaremos propuestas desarrolladas y concretas.

Segundo: mantener unos servicios públicos de calidad, para lo que será preciso
avanzar hacia un uso eficiente de los recursos disponibles.

Tercero: una vez frenado el proceso de llegada masiva de inmigrantes, debemos
pasar de las políticas de acogida a reforzar las políticas de integración, sobre la base
del respeto a los derechos y la exigencia en el cumplimiento de los deberes a todos
los ciudadanos.

Los ciudadanos de Catalunya tienen mi compromiso de mantener el esfuerzo humano y
económico en políticas sociales llevado a cabo estos años.
Tanto si hablamos de ayudas para familias castigadas por la crisis o con hijos en edad
escolar, como si se trata de la atención a las personas con dependencia, especialmente las personas mayores. Tanto si se trata de política sanitaria como de seguridad en los barrios y ciudades de toda Catalunya. Se trata de poner el acento en políticas que combatan e impidan la exclusión social y respalden el objetivo irrenunciable de preservar y fomentar la cohesión y la convivencia.

Finalmente, les decía que hemos trabajado a fondo en un tercer gran vector: vertebrar y
equilibrar el conjunto de Catalunya.

_ Dotando a todo el conjunto de Catalunya de los instrumentos para planificar su crecimiento ordenado y equilibrado.

_ Realizando, junto con la Administración central, la mayor inversión que se haya ejecutado en Catalunya en los últimos 30 años. El Puerto de Barcelona, el Aeropuerto de El Prat, la ampliación de la feria de Barcelona, la prolongación del AVE, etc.

_ Realizando inversiones de gran importancia científica y tecnológica como el
Sincrotón Alba, el Centro de Supercomputación, la Bioregión, la biotecnología o los
proyectos de investigación biomédica vinculados a universidades y hospitales de Barcelona y de toda Catalunya. El último de ellos, el CIBEK, inaugurado hace hoy
una semana y con una elevada financiación privada.

_ O mejorando la movilidad, con actuaciones intensivas en la red metropolitana del
transporte público de Barcelona. He tenido el privilegio de poner en marcha una nueva estación de metro cada tres meses. Algunos de ustedes lo saben muy bien y es un hecho sin precedentes y una de las asignaturas pendientes que tenía la conurbación de Barcelona.
_ Y ejecutando inversiones para resolver definitivamente la amenaza de escasez de
agua en períodos de sequía, como el que sufrimos hace tres años.

Todo ello ha supuesto un esfuerzo, que me propongo proseguir, adaptando su ritmo e
intensidad a las circunstancias económicas, pero sin perder en ningún momento su sentido estratégico. A este respecto sólo quiero dejar apuntada una apuesta de futuro que considero insoslayable: el corredor ferroviario mediterráneo, uno de los cordones umbilicales del futuro económico peninsular y creo que continental. Sé que esta es una batalla ganada ya en el terreno de lo conceptual y lo político: el mapa está fijado.
Y ahora lo que se debe es traducirse en los proyectos, los presupuestos y las obras. Se han perdido muchos años. Se trata de una gran apuesta estratégica, no solamente para
Catalunya sino para todo el Mediterráneo peninsular.

Señoras y señores, Les decía que considero trascendentes, en su conjunto, las actuaciones llevadas a cabo estos cuatro años. Que constituyen una notable obra de gobierno, que dentro de unas semanas corresponderá evaluar a los ciudadanos. Pero creo que lo que se ha hecho es trascendente también en otro sentido: lo es en la medida que son actuaciones que, de uno u otro modo, inciden en el conjunto de la economía, de la sociedad y de la política españolas. Quiero subrayar con ello que el Gobierno de Catalunya y las instituciones de la Generalitat en general –sus opciones, sus decisiones, su gestión- son un actor relevante en el marco político español.

Dicho de otro modo y con claridad. Desde la Transición política, la Generalitat de Catalunya es una de las principales instituciones del Estado español. (Mejor dicho, desde antes de la Transición, dicho sea en reconocimiento a Adolfo Suárez y el President Tarradellas). La España de hoy no se entiende sin Catalunya, porque se ha vertebrado, tal como es, en gran medida por el modelo propugnado y desarrollado por y desde Catalunya. Así fue en los ochenta. Así es ahora. La Generalitat es la principal e irrenunciable institución de Estado para Catalunya, pero es una de las más relevantes de España. Y cuando desde algunas opciones políticas se propugna que mejor le iría a Catalunya con un estado propio; yo debo responder que ya lo tenemos, que ya tenemos un estado, pero que debe ser capaz de acoger todas nuestras aspiraciones, necesidades y voluntades.

Es posible y es urgente un nuevo enfoque que evite la maniquea y reduccionista visión de Estado como Administración central; o lo que es peor, todavía; Estado como política
nacional. La de una sola nación… que no incluye a las otras o las ignora en su desarrollo y su formulación. Y si, treinta y cinco años después de haber iniciado el actual período democrático, no compartimos este principio (y me temo que a muchos les choca que lo plantee en estos términos), si seguimos hablando en términos de “fastidio”, entonces es que la semilla de la incomprensión mutua y el desencuentro está más arraigada de lo que muchos creen.

La Generalitat es un actor relevante en el marco político español, que piensa esencialmente en el desarrollo de Catalunya, pero no al margen del desarrollo de España. Así es, por ejemplo, cuando desde Catalunya se negocia y acuerda un sistema de financiación que redefine los criterios y los contenidos de las relaciones entre la
Administración central y las comunidades autónomas. Cuando la Generalitat adopta unos criterios para gestionar su sistema sanitario susceptibles de ser adoptados por otras autonomías o de influir en la racionalización del gasto sanitario global. Lo es cuando afronta con decisión el impacto de la nueva oleada inmigratoria con una potente política de acogida. O cuando propone una visión en red, contrapuesta a la visión radial, de las grandes infraestructuras peninsulares. Por ejemplo, con el ya citado corredor ferroviario
mediterráneo. O lo es cuando propone la descentralización de instituciones y entidades estatales. O cuándo contribuye a la presidencia española de la Unión Europea, con una aportación propia y singular. Podría seguir poniendo ejemplos. Pero creo que mi mensaje queda suficientemente claro.

Señoras y señores, voy acabando.
Hay una Catalunya, a mi entender mayoritaria, que quiere y cree compatible su
autoafirmación y el autogobierno por un lado, y su participación y contribución al proyecto común por otro. Y, más allá, al proyecto de la Europa unida. Una gran mayoría de catalanes que desean que el futuro de Catalunya no se base en conflictos permanentes con el resto de España; una mayoría que quiere concentrar sus
esfuerzos en mejorar la situación económica y personal de su familia y arrimar el hombro
para que el país salga de la crisis y que sabe que, para ello, el sosiego institucional también es necesario.

Una mayoría que coincide con el amigo Felipe y la ministra Carme Chacón, cuando en un
artículo reciente, afirmaban que la concepción de España como “Nación de naciones” nos
fortalece a todos. Dicho esto, también hay que decir que esta mayoría, igualmente, tiene un deseo irrenunciable: Catalunya debe ser aceptada, respetada y reconocida tal como es. Quiere que reciba un trato más justo y equitativo en el esfuerzo común. Y no lo ha recibido durante mucho tiempo, en múltiples ocasiones. La última, a finales de junio con la sentencia del Tribunal Constitucional.

Modestamente, creo representar esta Catalunya que es exigente pero solidaria. La de los
que se quieren quedar y no la de los que se quieren ir.

Muchas gracias.