Conferència del president de la Generalitat al Foro ABC (Madrid)

Madrid. 8.4.2010

"La aportación de Catalunya a la superación de la crisis".

Muy buenas tardes a todos.

Quisiera, antes que nada, expresar mi pésame a la familia Luca de Tena y a la gran familia periodística que sigue agrupada en torno a ABC.
Un proyecto más que centenario de comunicación y periodismo, que ha procurado, siempre,respetuoso con todas las ideas y opiniones.

Y atento a la realidad, dicho con palabras del propio Don Guillermo, "el diario tuvo, sobre todo, la sensibilidad y el sentido periodístico para ser eco e intérprete de la transformación de (nuestra) sociedad".

Este propio Foro es una expresión de todo ello.

Señoras y señores, entiendo mi presencia de hoy en este acreditado foro como una oportunidad para trasladarles, serenamente, los puntos de vista de quien ostenta la máxima representación institucional de Catalunya sobre algunos de los problemas que nos conciernen y sobre las perspectivas de nuestro futuro en común.

No pretendo abundar por enésima vez en la explicación de las aspiraciones de Catalunya. Ni de exponerles los estados de ánimo que suscitan, en Catalunya, algunas incertidumbres mayores sobre el futuro. Especialmente sobre el futuro político.

Lo he hecho otras veces en el pasado y probablemente será necesario volver a plantearlo en el futuro. Pero hoy creo mucho más importante centrarme en las inquietudes compartidas y en la búsqueda de soluciones para ellas.

Con todo, supongo que a ninguno de los presentes se le escapa que, desde una perspectiva catalana, estamos en un momento políticamente relevante, entrando prácticamente en un período preelectoral. Precisamente por ello siento la obligación de ser especialmente claro en mis juicios y en mis propuestas.

Una obligación que nace del respeto hacia los ciudadanos de Catalunya, que demandan y merecen una política seria y consecuente.
Hay tres grandes cuestiones de fondo que trascienden los acontecimientos cotidianos y la coyuntura, y que afectan al conjunto de la sociedad española.
Estas son: la crisis económica, la desafección política y la relación entre Catalunya y el conjunto de España.

Las dos primeras cuestiones son, evidentemente, problemas compartidos por toda la sociedad española, y que, además, tienen una dimensión europea y mundial.
Y la tercera -la relación entre Catalunya y España- podría pensarse que es un problema que nos atañe exclusivamente a los catalanes, pero precisamente lo que quiero dar a entender es que se trata de un problema que compartimos y cuya solución debe ser, por tanto, necesariamente acordada.

[La política vista como problema]

Empezaré por referirme a la cuestión que afecta al núcleo de la actividad política y a su relación con la sociedad.
Se ha convertido en un lugar común que la política en sí misma es, hoy en día, un problema para los ciudadanos.
Así lo atestiguan las encuestas de opinión de un tiempo a esta parte. Puede alegarse que esta percepción ciudadana debe mucho a la construcción artificial de un clima de opinión, o a la pereza mental de atribuir a un chivo expiatorio -en este caso la política y quienes a ella se dedican- todos los males del país.
Pero eso no puede ser excusa para no afrontar de cara los defectos y los déficits que hoy presenta la política democrática.
Todos somos conscientes de las contradicciones que surgen entre los ciclos políticos, marcados por los procesos electorales, y los tiempos de maduración y aplicación de las políticas públicas que configuran una obra de gobierno.

La interferencia de los legítimos intereses electorales de los partidos políticos impide, a menudo, la adopción de las políticas más adecuadas por carecer de los apoyos políticos y sociales necesarios. Y cuando se trata de cuestiones de fondo, decisivas para la orientación de la vida de un país, se hace muy difícil aceptar, por parte de la ciudadanía, que los intereses de partido puedan pasar por delante del interés general.

Del mismo modo somos conscientes, también, de los límites de la acción política:

• Límites relacionados con la obligación de respetar los ámbitos de responsabilidad de las personas, de las familias y de la sociedad.
• Límites derivados de la finitud de recursos.
• Límites impuestos por la gradual globalización de la actividad humana, que amplia la escala de los problemas y de sus soluciones.

Sin embargo, a menudo, los ciudadanos no son conscientes de estos límites y exigen soluciones inmediatas a problemas que se escapan de las posibilidades de la acción política a corto plazo.
De modo que se hace inevitable un cierto grado de frustración ciudadana. Todo ello es -hasta cierto punto- bien lógico y comprensible. Ahora bien, lo que no es excusable es que, desde la política se cultive la ilusión de que todo es posible o de que las decisiones no tienen consecuencias.

Todo por la vana pretensión de ganar un puñado de votos.
Podríamos decir que, en un sentido amplio la corrupción política empieza:

• cuando la tentación populista vence a la obligación de respetar a los ciudadanos, eximiéndoles de sus responsabilidades individuales
• cuando la explicación de la realidad es sustituida por el eufemismo y el halago
• cuando se niega el apoyo necesario a una política, a sabiendas del daño que se está ocasionando al conjunto de la sociedad
• o cuando se prescinde del deber de rendir cuentas y se pasa a considerar la necesaria transparencia como un obstáculo a sortear o evitar

Señoras y señores, el antídoto contra el populismo que corroe la democracia no puede ser otro que la veracidad y la transparencia en la formulación, la explicación, la aplicación y la rendición de cuentas de la política.
Sólo desde una política veraz y transparente podrá evitarse la deriva populista y combatirse con eficacia el fenómeno de la corrupción que escandaliza y desmoraliza a los ciudadanos.

Dicho esto, también quiero dejar bien claro que no comparto la opinión simplista de quien afirma que la corrupción es la norma en la política y en la sociedad española.
Al contrario, afirmo que nuestro sistema democrático ha creado anticuerpos adecuados para combatir los abusos, las irregularidades y los delitos relacionados con la política.

En España contamos con una conciencia social, una prensa libre, una justicia independiente y unos instrumentos institucionales de control que permiten atajar de forma solvente la corrupción. A pesar de la limitación de algunos de ellos.

Hay que tener presente que nuestra sociedad se ha vuelto más exigente y es más intolerante con la corrupción política. Que la prensa libre ejerce plenamente su función de control democrático. Que la justicia independiente actúa para perseguir los delitos, a pesar de sus carencias y defectos. Que los instrumentos institucionales de control de la actividad pública se han perfeccionado.

Y que los partidos políticos han tomado conciencia de la conveniencia de adoptar instrumentos de autorregulación que garanticen comportamientos ejemplares.
Sin embargo, en determinadas ocasiones, la potencia del impacto mediático de casos escandalosos puede producir la sensación de que la sociedad está desarmada frente a la corrupción.

Pero un análisis sereno de la realidad nos permite ser algo más optimistas sobre nuestra capacidad colectiva para progresar hacia parámetros de mayor rigor y transparencia democráticos.

En todo caso, quiero reiterar que, más allá del fortalecimiento de la conciencia cívica y del correcto funcionamiento de las instituciones, es capital la voluntad política de los partidos de autorregularse y de actuar drásticamente, aún a riesgo de cometer alguna injusticia, para cortar de raíz cualquier atisbo de corrupción en su seno.

No me corresponde a mí hablarles hoy de otros partidos que están muy presentes en los medios estos días. Pero sí que puedo decirles como Primer secretario del PSC que, cuando recientemente, ha afectado a un alcalde de mi partido una acusación de corrupción, la dirección del partido no ha tardado ni 24 horas en suspenderlo de militancia y proceder inmediatamente a su sustitución como alcalde.

No se puede estar todo el día predicando genéricamente contra la corrupción, y obviando sistemáticamente la responsabilidad política en los casos que nos conciernen.
Lo que se ha visto, escuchado, conocido y probado en relación con la actuación de dirigentes, de muchos dirigentes, de algunos partidos los dos últimos años, tiene mucho, mucho que ver, con la desafección política en nuestro país. Son las conductas vacilantes y contemporizadoras con la corrupción las que más daño hacen a la credibilidad de la política.
La conductas vacilantes y la generación de un ruido ensordecedor para que, cuando la corrupción le señala a uno, parezca que es todo el mundo el que se ha sumido en la corrupción. En este arte, algún partido tiene verdaderos maestros.

[Crisis: apoyo al Gobierno por responsabilidad]

La generación y alimentación de un ambiente como éste mina, como digo, la credibilidad, una credibilidad absolutamente necesaria para afrontar con éxito el enorme reto de superar la crisis económica.

No es mi intención abundar sobre la etiología de la crisis que padecemos desde 2008. A estas alturas el diagnóstico está suficiente y sobradamente establecido y admitido.
El conjunto de la sociedad española ha adquirido conciencia de que estamos ante una crisis de larga duración, debido en gran parte a problemas específicos de nuestra economía que se han sumado a los derivados de la crisis financiera mundial.

Asimismo, también existe una conciencia generalizada sobre la necesidad imperiosa de efectuar un ajuste para superar la recesión y, al mismo tiempo, sobre las reformas estructurales imprescindibles para que la salida de la crisis esté orientada correctamente para evolucionar hacia un nuevo modelo de crecimiento económico.

Lo que hoy está en juego es si la política y la sociedad españolas tienen voluntad y energía suficientes para asumir colectiva y solidariamente el extraordinario esfuerzo que debemos llevar a cabo.

Un esfuerzo que compromete, en primer lugar, al conjunto de las fuerzas políticas, en tanto que representantes de la ciudadanía. Y muy especialmente a quienes tenemos responsabilidades de gobierno.

Por ello nuestra obligación es buscar el máximo acuerdo político y social posible para llevar a cabo las políticas necesarias.
Y, en el caso -no deseable- de no conseguir dichos acuerdos, tomar las decisiones convenientes sin pensar en el coste político que puedan conllevar.
Lo que no es de recibo, en una crisis económica profunda como la que estamos atravesando, es regatear la aportación al esfuerzo común. Especular con las posibles rentas electorales del fracaso de los que tienen la responsabilidad de adoptar medidas que puedan resultar impopulares.

Son estas actitudes las que contribuyen -¡y no poco!- al desánimo colectivo y a la desafección política.

Por ello, quiero romper hoy una lanza a favor de todas las iniciativas del Gobierno de España para lograr un consenso sobre la política económica para salir de la crisis. No lo hago por interés de partido, sino por que entiendo que es la única actitud inteligente para servir al interés común.

No especularé sobre si es imprescindible o no un acuerdo global, pero sí defiendo los acuerdos -por mínimos que sean- que permitan avanzar, desbloquear situaciones enquistadas o solucionar problemas puntuales.

Creo que supone un indudable avance el planteamiento global sobre la futura orientación de nuestra economía que contiene el proyecto de Ley de Economía Sostenible, aunque soy consciente de que el modelo de crecimiento no depende sólo de una Ley.

O la disposición a progresar, a través del diálogo social, en la reforma del mercado de trabajo o de nuestro sistema de pensiones.

O de la voluntad de alcanzar acuerdos concretos con las fuerzas parlamentarias sobre medidas específicas para la reactivación, en curso de negociación.

O la obligada colaboración entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas para racionalizar el gasto público, del que el reciente acuerdo sobre el gasto sanitario es un ejemplo a seguir. Más adelante me referiré nuevamente a ello.

O las medidas para reformar el sistema financiero.

O para detener la caída de los ingresos tributarios.

Entiendo que desde una perspectiva teórica se prefiera un plan de actuación perfectamente trazado y con un mínimo de contradicciones lógicas.
Pero hay que reconocer que todos los gobiernos del mundo han actuado y están actuando frente a la crisis financiera y económica con un elevado grado de improvisación.
Impelidos por la gravedad de una situación, para cuyo manejo, nadie disponía del manual de instrucciones.

El presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero ha abordado la crisis sin dogmatismos ni apriorismos.
Y hay que reconocer que actuar condicionado por los apriorismos no era lo más conveniente en una crisis sin precedentes.
No es con recetas dogmáticas como pueden salvarse situaciones desconocidas, sino con una gran dosis de pragmatismo, determinación y voluntarismo.
Pragmatismo para reconocer la realidad y para adoptar las medidas que en cada momento parezcan imprescindibles.

Voluntarismo para aunar esfuerzos y movilizar las energías colectivas. Determinación para adoptar medidas de cierto riesgo (cuyos efectos en la actual situación no han sido contrastados).
Puede que a unos les pareciera que el punto de inflexión se produciría llegando a un gran acuerdo sobre la base del consenso, que pueda quedar reflejado en la historia de esta crisis como el Pacto de Zurbano. Puede que a otros les moleste o les preocupe precisamente dicha eventualidad. Parece que les contraríe la posibilidad de un acuerdo positivo, aunque sea mínimo.

De ahí que el principal partido de la oposición en España, tentado además por las rentas del populismo, exija semana tras semana reducir el déficit, aumentar el gasto y rebajar impuestos, a sabiendas de que está panteando una ecuación simple y llanamente imposible.

A mi modo de ver lo que de verdad se necesita es actuar de modo responsable, con la discreción necesaria, pero procurando que el eco no reste fuerza al acuerdo. Creo que con estos criterios hemos actuado en Catalunya.
Primero, estableciendo un Acuerdo Estratégico con patronales y sindicatos en 2005 y que renovamos en 2008 para abordar los ejes fundamentales de la modernización económica de Catalunya.

Lo hemos hecho, también, en los sucesivos paquetes de medidas adoptados desde hace exactamente dos años (el primer bloque de medidas se acordó en abril de 2008), hasta el conjunto de 30 compromisos, adoptado con empresarios y sindicatos hace tres meses y que ya se están desarrollando. 30 compromisos relativos, por ejemplo a:

- La reforma de la renta mínima de inserción para dar más cobertura a familias en riesgo.

- Profundizar en la política de simplificación administrativa. Hay que señalar que en este camino ya hemos conseguido ahorros de hasta 900 millones de euros anuales para lasempresas suprimiendo trámites innecesarios.
- Incrementar en más de 2.700 millones ? la financiación empresarial y la liquidez del mercado financiero.
- Continuar con el esfuerzo en Investigación y desarrollo manteniendo para este 2010 un crecimiento presupuestario de dos dígitos pese a las dificultades.

-O incorporar a patronales y sindicatos al órgano gubernamental desde el que se planifica y evalúa la formación profesional.

Por tanto, acuerdos para preparar el futuro relativos a la formación profesional y la investigación.
Acuerdos para aliviar la situación financiera de las empresas y acuerdos para ampliar la protección a las personas necesitadas.

Es sobre la base de esta experiencia en llegar a acuerdos que quiero aprovechar esta tribuna para formular públicamente la propuesta de abordar un verdadero Acuerdo de Estado que incluya la Administración central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

Se está trabajando -y así debe ser- para lograr un gran acuerdo en el Congreso, entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria. Se está trabajando para lograr acuerdos con los principales agentes económicos y sociales.
Pero hay un Acuerdo, tanto o más necesario que estos acuerdos políticos, económicos y sociales. Y este Acuerdo debe sellarse entre quienes son y representan, hoy, el Estado complejo y compuesto por los tres niveles de Administración y gobierno de los ciudadanos españoles.

La descentralización nos ha hecho más fuertes como Estado y como economía. Todos los Informes de organismos multilaterales, como la OCDE, certifican y acreditan que el desarrollo y el progreso de España en las dos últimas décadas han sido posibles gracias y, especialmente, a la profunda descentralización que nuestro Estado ha experimentado.
El último Informe de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) confirma, también, que "la descentralización política está ligada en la mayoría de los casos a un crecimiento económico 'más fuerte', demostrando que cuanta más descentralización hay, más elevado es el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante". "La descentralización tiene un impacto muy positivo en los resultados económicos de los países y de las regiones".

Por eso, "lo que realmente influye en la prosperidad es que las entidades locales y regionales tengan la capacidad de tomar decisiones, ya que tener únicamente la competencia de aplicar lo decidido a una escala mayor es insuficiente".
Con la descentralización hemos crecido y nos hemos hecho más fuertes. Y con ella, no sin ella, saldremos antes y mejor de la crisis.

Más Estado autonómico y próximo, y no menos, es lo que nos permitirá diseñar políticas complementarias, en función de nuestras respectivas competencias, capaces de actuar cerca de los problemas y cerca de las personas.

Y todo ello es posible hacerlo con una cultura que comprenda, a fondo, que la diversidad es riqueza por que es más eficaz y más cercana. Y que los auténticos Estados fuertes no son los centralistas, sino los de inspiración federal y profundamente descentralizados. La primera economía del mundo, Estados Unidos, lo es; la primera economía europea, Alemania, lo es; y alguna de las principales economías emergentes, como India o Brasil, lo son.

No les hablo por interés, sino por convicción y convencimiento de que el camino más efectivo para luchar contra la crisis es que nuestro Estado, todo él, desde los ayuntamientos a la Administración General, pasando por los gobiernos de las CCAA trabajemos juntos, coordinados y asumiendo, a fondo, nuestras competencias garantizadas por las leyes orgánicas como las que representan nuestros Estatutos.
Los acuerdos que a lo largo de las últimas semanas se han conseguido articular entre el Gobierno central y las CCAA para la reducción del gasto sanitario, o en el consejo de Política Fiscal y Financiera para la reducción del déficit público, constituyen un primer paso positivo.

La última Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado 14 de diciembre, no obtuvo los resultados deseados porque algunos presidentes confundieron el plano institucional con el partidario. Creo que fue un claro ejemplo de lo que no debe ser el Estado descentralizado que hemos construido en tres décadas.

Pero estoy convencido de que, a partir de las experiencias positivas -que las hay, como hemos visto se podrían establecer las bases de un Acuerdo de Estado para sacar a nuestro país de la crisis y devolver, además, algo de confianza a la ciudadanía.
El Presidente y el gobierno de Catalunya se ofrecen a participar, a aportar su experiencia de Acuerdos Estratégicos de amplio consenso. Insisto que no vengo aquí a dar lecciones de nada a nadie.

Sino a afirmar que, del mismo modo que soy firme y exigente en la defensa de lo que considero justo para Catalunya, entiendo que ahora hay que arrimar el hombro, hacer aportaciones positivas, compartir experiencias, ideas y propuestas. Y que un Acuerdo de estas características será en beneficio de todos.

[Relaciones Catalunya-España: el Estatuto de 2006]

Finalmente, quisiera exponerles mi punto de vista sobre el estado de la relación entre Catalunya y España. Se trata de un punto de vista anclado en unas premisas inequívocas que podría sintetizar de este modo:

En primer lugar, el proyecto que defiendo sobre la relación entre Catalunya y España es el contenido en el Estatuto de Autonomía de 2006. Ni más ni menos.
Lo que para mí excluye, a diferencia de lo que puedan decir otras fuerzas políticas catalanas, cualquier propuesta que exceda de este marco.

Ya sea la expresión explícita de un proyecto independentista o una formulación cargada de eufemismos y dobles lenguajes, con la pretensión de agradar aquí y allí, sobre la base de discursos distintos cuando no contradictorios.

Miren ustedes: Catalunya ha invertido mucho tiempo y muchos esfuerzos -con sus renuncias incluidas- para conseguir el nuevo Estatuto, hoy vigente. También ha invertido mucho esfuerzo y renuncias el conjunto de España.

Unos esfuerzos y unas renuncias que desembocaron finalmente en un pacto político e institucional entre los parlamentos de Catalunya y de España. Un pacto refrendado por el pueblo de Catalunya.
Un pacto vigente, que no ha caducado y que, por consiguiente, no es lícito que ninguna de las partes pretenda convertir en papel mojado.
El pacto político conseguido entre representantes de la soberanía del conjunto de los españoles (entre los que se cuentan los catalanes) y del conjunto de los catalanes, trasciende a mi juicio la eventualidad de una sentencia negativa del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto.

Insisto en que la sentencia, sea la que fuere, cuando llegue, será acatada por quien hoy les habla. Sin que ello implique que la comparta ni que renuncie a nada de lo previsto en el Estatuto que votó el pueblo de Catalunya. Estoy convencido de que el marco de autogobierno del que nos dota el Estatut es el marco que necesitamos para desarrollarnos plenamente como sociedad y como país. Como nación, -sí: como nación que Catalunya es- con voluntad de autogobernarse.

Puedo decirlo así de claro porque tengo muy claros mis parámetros: Soy catalán y catalanista; y soy español y federalista sin que ello me suponga ningún problema ni contradicción. Como tampoco se lo plantea a una gran mayoría de los catalanes. Por tanto, yo no soy partidario de una Catalunya independiente de España.
Ni lo soy ahora ni, al contrario de lo que afirma el líder del principal partido de la oposición en Catalunya, votaría afirmativamente en un hipotético referéndum en el que se planteara esta cuestión.

Pero sí estoy convencido de que Catalunya debe disponer del poder político y económico suficientes para definir su futuro como sociedad dinámica, creativa, emprendedora, abierta y con una cultura propia. Para desarrollarse libremente como comunidad nacional, democrática, solidaria, acogedora, en el marco del Estado español.

Dicho esto, hace ya tiempo vengo planteando que las relaciones entre Catalunya y España han pasado por un periodo de tensiones, en el que no toda la culpa nos venía de fuera y que nos ha llevado a un punto en el que se hace necesario reconducir las cosas sobre la base del acuerdo y la mutua lealtad.

La perspectiva de dicho acuerdo pasa por reconocer de manera efectiva, concreta y práctica que las instituciones de autogobierno de Catalunya son parte del Estado español.
Sobre la base de este principio se sustenta la propuesta, que acabo de formular, de un Acuerdo de Estado para salir de la crisis, con la participación activa de las Comunidades Autónomas.
El principio de que el conjunto de las Autonomías son, a día de hoy, tan Estado como el conjunto de instituciones residenciadas aquí en la capital.
Pero esta realidad evidente de nuestro sistema institucional no es, todavía hoy, comprendida ni admitida por todo el mundo.

En esta resistencia por admitir la nueva realidad radica una parte esencial del desencuentro: El Estado que se ha descentralizado no parece muy bien predispuesto a aceptar y admitir algunas de las consecuencias incuestionables de su propia descentralización, iniciada hace treinta años. Y de ahí provienen algunas fiebres recentralizadoras, que ya tuvimos que sufrir durante la segunda legislatura de gobierno del Partido Popular. Y que siguen latentes en el ecosistema político español.

Porque subsiste la idea de que solamente existe un único poder estructurador del Estado, un verdadero poder político, que es el que reside en el centro.

Superar esta visión dicotómica implica no confundir el interés general con el interés de la Administración central.

Tan simple de formular, pero tan difícil de digerir, como nos demuestra la experiencia. Una digestión que se ha visto dificultada porque los cambios institucionales no han venido acompañados de los cambios pertinentes en la cultura política española.
Nos hace falta desarrollar en común una cultura política yo diría que federal, apropiada al Estado autonómico.

Sin ella corremos un serio riesgo de convertirlo en una carcasa institucional, sin dinamismo político, que acabe por ser más un lastre que un acicate para el progreso del país.
Mi compromiso es hacer posible este cambio cultural. Mi modelo es el de una Catalunya con un autogobierno fuerte, próspera y solidaria en el marco de una España plural, cada vez más federal.

Reitero que para llegar a conseguirlo hace falta un cambio de mentalidad, de cultura política que se deberá traducir, antes o después, en cambios administrativos, políticos, jurídicos y constitucionales apropiados. Empezando por la reforma del Senado.
En el punto al que han llegado las cosas, debemos comprender y hacer comprender que el "viejo problema catalán" no es un problema de los catalanes, sino que es -cómo de hecho lo ha sido siempre- un problema español.

Que es la España que se ve y se concibe únicamente desde Madrid la que tiene un problema si no está dispuesta a entenderse a sí misma como es hoy, tan radicalmente diferente de hace treinta años. Sé que hay muchas otras cuestiones que no he mencionado y que pueden ser de su interés y por ello estoy a su disposición.

Muchas gracias.

Font: Presidència de la Generalitat